El Tribunal Supremo permitirá que los hijos de los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos', unas 190.000 personas, puedan votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, a diferencia de sus padres.

En sendos autos, a los que ha tenido acceso RTVE, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado las medidas cautelares que pedían Vox y de Iustitia Europea para extender la suspensión del derecho a voto a los nacionalizados por la ley de nietos, que decretó el pasado mes de septiembre y mantuvo en octubre, a los hijos de éstos.

En cambio, sí mantiene suspendido el derecho a voto de los 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad por medio de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022, salvo que hayan acreditado que son descendientes de exiliados. En este sentido, ha rechazado levantar las medidas cautelares, tal y como le pedían diferentes asociaciones de afectados.

Los magistrados señalan que la suspensión del voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos' se adoptó el pasado 10 de septiembre, "mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales y de la consiguiente convocatoria de elecciones generales", una decisión que ratificaron el 12 de octubre, "en un tiempo aún hábil, posible, anterior al inicio del periodo electoral".

"Por el contrario, la pretensión cautelar que debemos resolver ahora, pudiendo haberse planteado antes, se nos plantea en un momento muy diferente, transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados", contraponen.

A su juicio, "iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral".

Fotografía: EFE.