El Gobierno ha abierto hoy la vía para reclamar más de 34.900 bienes inmatriculados por la Iglesia. En el informativo 14 horas de RNE hablamos con el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez Ramos. ¿Qué puede pasar en la mayoría de estos casos? ¿Es fácil demostrar la propiedad de la Iglesia o la de otra persona?"Es una trampa. La Iglesia inmatriculó sin pruebas y ahora se exige al Estado, la administración pública o los particulares la prueba. En la mayoría de los casos es muy difícil porque se trataba de bienes de dominio público", explica el profesor. Rodríguez Ramos aclara que esto no ha ocurrido gracias a la reforma de Aznar, llevada a cabo en 1998: "El privilegio que equiparaba a la Iglesia con la administración y a los obispos con notarios es franquista, de 1946. Se han producido inmatriculaciones desde entonces. Son inconstitucionales desde 1978. Ni la Iglesia es administración, ni los obispos notarios". Rodríguez Ramos cree que el listado de bienes es insuficiente, ya que no están todos. ¿Esto supondrá una avalancha de reclamaciones? "Lo dudo, sinceramente. El trámite es muy complejo. Estamos ante una cuestión de Estado que no puede quedar al albur de la voluntad de ayuntamientos o particulares. Si todas las matriculaciones son nulas por inconstitucionalidad sobrevenida, esa es la resolución que debería acordar el Congreso de los Diputados o el Gobierno, en su defecto", explica el profesor, que pone como ejemplo la devolución de las murallas de Artá, en Mallorca. "Estamos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia, que es una cuestión jurídica compleja con fácil solución: todas son nulas desde 1978 yno se le está quitando nada a la Iglesia. Ella tendría que demostrar que le pertenece", concluye.